El acto “La “democracia” israelí: Apartheid y violación de los Derechos”, celebrado el pasado 5 de marzo en la Universidad Autónoma de Madrid, aprovechó la semana contra el apartheid, para llamar a la igualdad de los árabes israelíes, apoyar a los ciudadanos palestinos y pedir el derribo del muro de Cisjordania. Contó con la intervención de Rafael Escudero Alcay, profesor de filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.
Rafael Escudero ve que desde Occidente se quiere defender a Israel porque es la única democracia del Próximo Oriente, y él cree que no es tal cosa. Primero se pregunta qué se entiende por democracia. Hay que partir del último ataque a Gaza: el embajador israelí buscó argumentos para justificar el ataque, que es que Israel es un país democrático, con derecho a defender sus fronteras y ciudadanos frente a la organización terrorista Hamás.
Utilizar esto como punto de partido, a juicio de Escudero, impide ver otros puntos de vista que quedan al margen. Se pretende obviar todo lo pasado con la franja, con Cisjordania y con Jerusalén Este. Se están acelerando los asentamientos judíos en Cisjordania mientras en la franja se están abandonando. Desde la perspectiva del derecho internacional, hay una ocupación ilegal, asedio y control total de las fronteras, dejando al 80% de los palestinos en la miseria. Al no reconocerse la victoria de Hamás se condiciona la ayuda humanitaria. Es lógico que Israel o Estados Unidos lo hagan, pero no la UE, porque vulnera sus principios básicos.
Esto se agrava en 2006 con la victoria de Hamás, que no fue reconocida por la comunidad internacional, y fue aprovechado por Israel. No se reconoce la elección por irregularidades, sino por el resultado. La afirmación de que Hamás es terrorista es falsa para Escudero, porque no hay un concepto en el derecho internacional de qué es terrorismo. Eso es porque las listas de organizaciones terroristas las controlan los Estados Unidos y la Unión Europea. Esto no significa que no se puedan condenar los actos de Hamás, pero distinguiendo lo que es una acción terrorista de otra de resistencia. El apresamiento de un soldado israelí no es terrorismo, es derecho a la resistencia porque se trata bajo el código de guerra.
La política israelí sigue practicando la doctrina de anexión y expulsión en Cisjordania, y el muro que construye es ilegal internacionalmente, porque es construido sobre territorio que no pertenece a Israel, y además está dividiendo poblaciones enteras en guetos.
El concepto israelí de seguridad es hobbesiano, cercenando derechos y libertades para garantizar la seguridad, y también esto está ocurriendo en otros países. Así se esconde la realidad de segregación y ocupación. En el mundo se está entendiendo como legítimo limitar los derechos de las personas que pueden ser amenazas a los que no cabe aplicar el mismo derecho penal (“derecho penal del enemigo”), que niega el mismo beneficio del resto de ciudadanos.
Israel arguye la seguridad de sus ciudadanos. ¿De qué ciudadanos?, se pregunta Escudero. Sólo de los judíos. Los árabes son discriminados en un régimen de apartheid, aunque tienen ciudadanía israelí, pero no la nacionalidad israelí. La ciudadanía es un concepto jurídico, pero la no nacionalidad no debe admitirse en un Estado democrático. Pueden ejercer el voto, pero no hay democracia. La legislación israelí es discriminatoria, no está plasmado literalmente en la ley, pero hay leyes manifiestamente discriminatorias.
Una de ellas es la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, que impide la formación de familias árabes en Israel. Si un árabe israelí se casa con alguien de Palestina no puede hacer la reagrupación familiar, al contrario que cualquier judío, que tiene derecho a instalarse en Israel. La ley se argumenta en razones de seguridad.
Otras leyes son más difusas. Los árabes no pueden trabajar en empresas estratégicas de Israel por motivos de seguridad. Son considerados como un enemigo interior, una quinta columna, y se les deja en labores bajas y vivir en los suburbios en peores condiciones. Son una mano de obra barata, y tampoco pueden hacer el servicio militar. Todo choca cuando se une una discriminación positiva: los judíos ultraortodoxos están exentos del servicio militar y gozan de ventajas fiscales. Esto carece de justificación para Escudero. Tampoco existe el matrimonio civil, sino el religioso.
Según el Parlamento Europeo, en Israel hay 11.000 presos palestinos, 300 de ellos menores de 18 años. Mil de ellos están bajo el modelo que copió Guantánamo, encarcelados sine die, sin derecho de defensa, sin derecho a abogados, sin poder ver a sus familias y sin conocer los cargos por los que se les encarcelan, que son simples órdenes de detención. El sistema jurídico israelí incumple su normativa, ya que Israel ratificó los tratados de justicia internacional, excepto la Corte Penal Internacional.
El derecho a defenderse legítimamente, que tanto esgrime Israel, exige, sin embargo, proporcionalidad entre el daño causado y el ataque militar: la Corte suprema israelí ha valorado los ataques a Gaza y se pronunció a favor de la proporcionalidad, y así puede legitimar los ataques contra supuestos terroristas de forma extrajudicial, pero con límite en la proporcionalidad. La realidad es que de los 3.500 muertos en Gaza, sólo 50 eran miembros de Hamás.
Entonces, si el Gobierno israelí no investiga los crímenes, queda legitimada cualquier otra persona para interponer una querella aunque no haya víctimas de la propia nacionalidad, caso de la pretensión de Garzón de investigar los crímenes militares.
Escudero señala, para marcar la hipocresía del Gobierno israelí, que si Hamás ha utilizado escudos humanos, es un hecho ilegal que puede ser denunciado según el derecho internacional. Israel puede denunciar esos actos, pero no le justifica atacar.
Israel sigue una política similar al tardofranquismo. La propaganda de la dictadura decía que España era un Estado de derecho porque actuaba por normas jurídicas. Por ejemplo, según Escudero, Elías Díaz decía que el Estado de derecho debe actuar por normas, pero con separación de poderes, democracia y respeto a los derechos humanos. Cosa que no hacía España en el franquismo o Israel en la actualidad. La democracia no es sólo votar cada X años, sino unas condiciones: respeto de unas mínimas condiciones de igualdad entre sujetos, niveles aceptables de igualdad material, forma en la que se ejerce la acción de gobierno, respeto a los derechos humanos en el interior de Israel y en los territorios sobre los que se ejerce jurisdicción. Con esto, Israel incumple el habeas corpus, el derecho internacional, la igualdad entre ciudadanos e impide el control judicial sobre el ejecutivo.
Escudero concluye en que podrían aplicarse para Israel las campañas de sanciones, boicot y presión de los Gobierno que se ejecutaron contra la Sudáfrica del apartheid. El partido de Lieberman ha hecho acciones racistas que sí se pueden condenar, porque no reconoce a los otros, los árabes. La UE debería tomar medidas para que no entre en el Gobierno, como con Haider en Austria en su momento.
Rafael Escudero ve que desde Occidente se quiere defender a Israel porque es la única democracia del Próximo Oriente, y él cree que no es tal cosa. Primero se pregunta qué se entiende por democracia. Hay que partir del último ataque a Gaza: el embajador israelí buscó argumentos para justificar el ataque, que es que Israel es un país democrático, con derecho a defender sus fronteras y ciudadanos frente a la organización terrorista Hamás.
Utilizar esto como punto de partido, a juicio de Escudero, impide ver otros puntos de vista que quedan al margen. Se pretende obviar todo lo pasado con la franja, con Cisjordania y con Jerusalén Este. Se están acelerando los asentamientos judíos en Cisjordania mientras en la franja se están abandonando. Desde la perspectiva del derecho internacional, hay una ocupación ilegal, asedio y control total de las fronteras, dejando al 80% de los palestinos en la miseria. Al no reconocerse la victoria de Hamás se condiciona la ayuda humanitaria. Es lógico que Israel o Estados Unidos lo hagan, pero no la UE, porque vulnera sus principios básicos.
Esto se agrava en 2006 con la victoria de Hamás, que no fue reconocida por la comunidad internacional, y fue aprovechado por Israel. No se reconoce la elección por irregularidades, sino por el resultado. La afirmación de que Hamás es terrorista es falsa para Escudero, porque no hay un concepto en el derecho internacional de qué es terrorismo. Eso es porque las listas de organizaciones terroristas las controlan los Estados Unidos y la Unión Europea. Esto no significa que no se puedan condenar los actos de Hamás, pero distinguiendo lo que es una acción terrorista de otra de resistencia. El apresamiento de un soldado israelí no es terrorismo, es derecho a la resistencia porque se trata bajo el código de guerra.
La política israelí sigue practicando la doctrina de anexión y expulsión en Cisjordania, y el muro que construye es ilegal internacionalmente, porque es construido sobre territorio que no pertenece a Israel, y además está dividiendo poblaciones enteras en guetos.
El concepto israelí de seguridad es hobbesiano, cercenando derechos y libertades para garantizar la seguridad, y también esto está ocurriendo en otros países. Así se esconde la realidad de segregación y ocupación. En el mundo se está entendiendo como legítimo limitar los derechos de las personas que pueden ser amenazas a los que no cabe aplicar el mismo derecho penal (“derecho penal del enemigo”), que niega el mismo beneficio del resto de ciudadanos.
Israel arguye la seguridad de sus ciudadanos. ¿De qué ciudadanos?, se pregunta Escudero. Sólo de los judíos. Los árabes son discriminados en un régimen de apartheid, aunque tienen ciudadanía israelí, pero no la nacionalidad israelí. La ciudadanía es un concepto jurídico, pero la no nacionalidad no debe admitirse en un Estado democrático. Pueden ejercer el voto, pero no hay democracia. La legislación israelí es discriminatoria, no está plasmado literalmente en la ley, pero hay leyes manifiestamente discriminatorias.
Una de ellas es la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, que impide la formación de familias árabes en Israel. Si un árabe israelí se casa con alguien de Palestina no puede hacer la reagrupación familiar, al contrario que cualquier judío, que tiene derecho a instalarse en Israel. La ley se argumenta en razones de seguridad.
Otras leyes son más difusas. Los árabes no pueden trabajar en empresas estratégicas de Israel por motivos de seguridad. Son considerados como un enemigo interior, una quinta columna, y se les deja en labores bajas y vivir en los suburbios en peores condiciones. Son una mano de obra barata, y tampoco pueden hacer el servicio militar. Todo choca cuando se une una discriminación positiva: los judíos ultraortodoxos están exentos del servicio militar y gozan de ventajas fiscales. Esto carece de justificación para Escudero. Tampoco existe el matrimonio civil, sino el religioso.
Según el Parlamento Europeo, en Israel hay 11.000 presos palestinos, 300 de ellos menores de 18 años. Mil de ellos están bajo el modelo que copió Guantánamo, encarcelados sine die, sin derecho de defensa, sin derecho a abogados, sin poder ver a sus familias y sin conocer los cargos por los que se les encarcelan, que son simples órdenes de detención. El sistema jurídico israelí incumple su normativa, ya que Israel ratificó los tratados de justicia internacional, excepto la Corte Penal Internacional.
El derecho a defenderse legítimamente, que tanto esgrime Israel, exige, sin embargo, proporcionalidad entre el daño causado y el ataque militar: la Corte suprema israelí ha valorado los ataques a Gaza y se pronunció a favor de la proporcionalidad, y así puede legitimar los ataques contra supuestos terroristas de forma extrajudicial, pero con límite en la proporcionalidad. La realidad es que de los 3.500 muertos en Gaza, sólo 50 eran miembros de Hamás.
Entonces, si el Gobierno israelí no investiga los crímenes, queda legitimada cualquier otra persona para interponer una querella aunque no haya víctimas de la propia nacionalidad, caso de la pretensión de Garzón de investigar los crímenes militares.
Escudero señala, para marcar la hipocresía del Gobierno israelí, que si Hamás ha utilizado escudos humanos, es un hecho ilegal que puede ser denunciado según el derecho internacional. Israel puede denunciar esos actos, pero no le justifica atacar.
Israel sigue una política similar al tardofranquismo. La propaganda de la dictadura decía que España era un Estado de derecho porque actuaba por normas jurídicas. Por ejemplo, según Escudero, Elías Díaz decía que el Estado de derecho debe actuar por normas, pero con separación de poderes, democracia y respeto a los derechos humanos. Cosa que no hacía España en el franquismo o Israel en la actualidad. La democracia no es sólo votar cada X años, sino unas condiciones: respeto de unas mínimas condiciones de igualdad entre sujetos, niveles aceptables de igualdad material, forma en la que se ejerce la acción de gobierno, respeto a los derechos humanos en el interior de Israel y en los territorios sobre los que se ejerce jurisdicción. Con esto, Israel incumple el habeas corpus, el derecho internacional, la igualdad entre ciudadanos e impide el control judicial sobre el ejecutivo.
Escudero concluye en que podrían aplicarse para Israel las campañas de sanciones, boicot y presión de los Gobierno que se ejecutaron contra la Sudáfrica del apartheid. El partido de Lieberman ha hecho acciones racistas que sí se pueden condenar, porque no reconoce a los otros, los árabes. La UE debería tomar medidas para que no entre en el Gobierno, como con Haider en Austria en su momento.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario