El Consejo Constitucional francés recorta la ley anti-descargas

El Consejo Constitucional francés ha dado la razón al Partido Socialista, que presentó un recurso de inconstitucionalidad a la ley Hadopi. Esta ley, aprobada tras varios incidentes en las cámaras legislativas, creaba una Alta Autoridad que podría impedir el acceso a Internet por descargas ilegales. Pues bien, el Constitucional galo declara que “Internet es un componente de la libertad de expresión y el consumo” y que en el derecho prevalece la presunción de inocencia, por lo que retira a la Alta Autoridad, Hadopi, el derecho de imponer sanciones a los usuarios de Internet, y sólo los jueces podrán imponerla. El Hadopi se limita a únicamente señalar la existencia de posibles descargas ilegales.

Hasta con la Revolución ha recurrido el Constitucional, pues en la histórica Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 la “libertad de comunicación y expresión” es un derecho inalienable.

Sin embargo, hay que saber qué son descargas ilegales. ¿Son descargas ilegales compartir archivos sin afán de lucro? Es ilegal, obviamente, obtener un beneficio por algo que no has creado, como música o cine, sin haber pagado los correspondientes derechos de autor, pero escuchar una canción, leer un texto o ver una película… ¿es ilegal?

Internet es una gran ayuda para el ciudadano. No es tan fácil encontrar un libro desconocido, una película muy antigua o música minoritaria en los grandes centros comerciales. Ni siquiera todos los ciudadanos viven en los grandes centros urbanos donde existe de todo. Pero el acceso a Internet puede ser universal, simplemente con una conexión, siendo accesible a millones de personas.

Por último, parece ser que los legisladores están creando un nuevo tipo de derecho, donde existe no ya la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad. Todos somos sospechosos de cometer delitos, todos estamos expuestos a quedarnos sin conexión por instancias que no son judiciales. El Gobierno y el legislativo están comenzando a ser un poder lesivo para los ciudadanos, cuando deben estar a su servicio.