Lituania y Uruguay, dos formas de entender la homosexualidad

Hay que reseñar cómo encaran dos países la existencia de la homosexualidad. Lituania va a elaborar una ley que prohíbe la enseñanza de la diversidad sexual en los colegios y, por añadidura, se criminalizará “la promoción de la homosexualidad, entendiendo por ésta cualquier información no negativa respecto a la orientación sexual hacia personas del mismo sexo”, según el diario El País. Si el “problema” no se enseña en las escuelas, no existe, parece pensar el ejecutivo lituano. Pero por si acaso, sólo se debe permitir la infamia. O dicho de otra manera, la censura. En un país supuestamente democrático y perteneciente a la Unión Europea.

La situación de los homosexuales, bisexuales y transexuales en Lituania se equipara con la de sus países vecinos, o los países de la frontera este de la Unión Europea. Lituania se une a Polonia, las demás repúblicas bálticas, Rumania o Bulgaria en la criminalización del “diferente” No pensemos que más allá de la frontera este de la UE la situación sea mejor…

La UE persigue una legislación común en todo su territorio para que la discriminación sea erradicada. La posibilidad de que un país miembro pueda coartar las libertades más básicas es execrable. La armonización legislativa será una victoria más para ser libres para amar. El camino es una Unión Europea más firme y más cercana a los ciudadanos.

Al otro lado del gran charco, Uruguay aprueba la adopción de niños a parejas del mismo sexo. Hace un año equiparó en derechos las parejas de hecho del mismo sexo con las de diferente sexo. El matrimonio aún tendrá que esperar, a la espera de acabar con las últimas barreras de la reacción y, sobre todo, consolidar el triunfo del Frente Amplio en las elecciones del 25 de octubre. Los sondeos parecen indicar que puede no suceder, y que la oposición pretende derogar la nueva ley.

Uruguay marca el camino que deben seguir los países latinoamericanos en la igualdad de derechos. La izquierda latinoamericana, hasta ahora, ha tenido la obligación de consolidar su programa y ejecutar las reformas esenciales en la economía y en los asuntos sociales. Como la primera época del Partido Socialista Obrero Español. La segunda época son la garantía de los nuevos derechos.