Pena de muerte: descubre la realidad que te rodea

La pena de muerte por crímenes está reconocida en más de 50 países. Su aplicación escapa de toda lógica humanista y de un ideal de justicia y sistema penal que fomente la reinserción. Decapitación, lapidación, electrocución, ahorcamiento, disparo, inyección letal... son métodos crueles que nunca responden a lo que es la justicia.

La justicia se representa con los ojos vendados, la espada y la balanza. La justicia da a cada uno lo que merece por derecho, de forma ética, con equidad y honestidad. No es cruel. Tampoco es perfecta. Muchos han sido ejecutados siendo inocentes; lo peor es que muchos de ellos lo fueron no por un error judicial, sino porque sus "crímenes" eran considerados como tales por Estados dictatoriales, totalitarios y tiránicos. Desde defender los derechos humanos, criticar al gobierno, ser homosexual o apostatar.

No es sólo por salvar a Sakineh Mohammadi. Según Amnistía Internacional, en 2009 se ejecutaron (casos conocidos) a más de 700 personas en todo el mundo. Un sistema de relaciones internacionales más humanista implicaría condenar al ostracismo, a sanciones internacionales, a boicots y a la categoría de paria a todos aquellos regímenes que mantienen esa legislación. Es utópico, sí, porque los gobiernos occidentales, tan defensores de la democracia, son incapaces de defenderla fuera de sus fronteras porque, simplemente, no les interesa. China, la pujante potencia del nuevo siglo, es el país con mayor número de ejecutados, que se supone que ascienden a miles, ya que no da a conocer datos.

Una acción internacional de este tipo no podría detenerse en la derogación de la pena de muerte en todo el planeta, sino ir a más, hasta acabar con todos los regímenes que vulneran los derechos humanos. ¿Los ciudadanos de los países democráticos estamos lo suficientemente concienciados?

Lista de países que mantienen en su legislación la pena de muerte, incluyendo los que mantienen una moratoria o no la lleven a cabo en la práctica:
Argelia
Benin (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Botsuana
Burkina Faso (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Camerún (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
República Centroafricana (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Chad
Comoras
República Democrática del Congo
República del Congo (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Egipto
Guinea Ecuatorial
Eritrea (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Etiopía
Gabón (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Gambia (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Ghana (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Guinea
Kenia (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Lesoto
Liberia (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Libia
Madagascar (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Malaui (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Mali (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Mauritania (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Marruecos (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Níger (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Nigeria
Sierra Leona (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Somalia
Sudán
Suazilandia (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Tanzania (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Túnez (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Uganda
Zambia (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Zimbabue
Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados
Belice
Cuba (no abrogada, pero va en camino de suprimirse)
Dominica
Estados Unidos (en algunos estados)
Granada (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Guatemala
Jamaica
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y Granadinas
Trinidad y Tobago
Guyana
Surinam (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Afganistán
Arabia Saudí
Bahrein
Bangladesh
Brunei
China
Taiwán
Corea del Norte
Corea del Sur (moratoria no oficial)
Emiratos Árabes Unidos
India
Indonesia
Irán
Japón (moratoria no oficial, pero un ejecutado en 2010)
Jordania
Kuwait
Laos (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Líbano
Malasia
Maldivas (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Mongolia
Birmania (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Omán
Pakistán
Palestina (moratoria no oficial de la Autoridad Palestina)
Qatar
Singapur
Siria
Sri Lanka (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Tailandia
Tayikistán (no abrogada, pero suprimida en la práctica)
Vietnam
Yemen
Bielorrusia
Rusia (moratoria)
Nauru (no abrogada, nunca se ha ejecutado a nadie)
Papúa Nueva Guinea (no abrogada, pero suprimida en la práctica)

Un poco más de Berlusconi

Silvio Berlusconi superó ayer la moción de confianza de su gobierno en la Cámara de Diputados italiana. Con un programa de gobierno que promete más de lo mismo (bajada de impuestos, federalismo fiscal, lucha antimafia, la cuestión meridional y la reforma de la justicia), consiguió el apoyo de 342 diputados, los del Pueblo de la Libertad berlusconiana, los seguidores de Fini agrupados en Futuro y Libertad para Italia, más siete diputados democristianos de la oposición, contra 275 del centroizquierda y del centro.

Berlusconi se salva así de verse enfrentado a las urnas a una hipotética coalición de fuerzas opositoras, circunstancia que le pondría en un serio aprieto ante los procesos judiciales que esperan que termine su inmunidad como primer ministro, aberración legal creada por su gobierno. Pero la crisis no ha terminado. Dormita, esperando a que Fini decida terminar o reanudar su alianza de intereses con Berlusconi.

Gianfranco Fini, presidente de la Cámara, líder del partido posfascista italiano, ahora se presenta como adalid de la democracia y de las leyes de la república frente a la reforma judicial, reforma que él mismo y sus correligionarios apoyaron de forma entusiasta en las anteriores legislaturas. ¿Qué ocurre? Es hora de exigir de una vez la sucesión en el centroderecha.

Fini se juega todo su capital político y su ambición en las próximas jugadas. Se arriesga mucho, pero tiene una buena mano: Berlusconi ha sido incapaz de comprar suficientes votos en la oposición para prescindir de la treintena de diputados finianos y forjar una mayoría alternativa. La Liga Norte exige ya elecciones, ansiosa por recoger los frutos de su xenofobia en el norte. La mayoría de la derecha se tambalea. La que prometía ser la legislatura más cómoda de Il Duceto se ha vuelto su mayor pesadilla.

¿Y qué ocurre en la oposición? El Partido Democrático sigue sin dar visos de poder recuperar el espacio perdido para el centroizquierda, sólo la Italia de los Valores de Di Pietro no escatima esfuerzos en denunciar a cada momento el delirio berlusconiano. En la estrategia del PD no se desestima la formación de un frente contrario a Berlusconi, que comprenda desde el centro a la izquierda pasando por Fini y sus acólitos. Pero un frente así no tiene un proyecto común. La posible división de la derecha en tres (democristianos, finianos y berlusconianos) es la llamada más fuerte a la unión del centroizquierda.

El tiempo corre para Berlusconi cada vez más deprisa: son cada vez más escándalos, más juicios pendientes, más leyes de blindaje, más contactos con la Mafia... muchas vías de agua. A día de hoy, Berlusconi sueña con esperanza en la próxima elección presidencial, en 2013, y burlarse desde la inmunidad presidencial de todo el sistema judicial y político de la República italiana. A los italianos les corresponde aplastar ese sueño delirante.

Enfrentarnos a nuestro pasado: las dictaduras en España, Europa y Latinoamérica

La imputación al juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo y exhumar a los desaparecidos pone de actualidad los problemas a los que se enfrentan las sociedades que vivieron una dictadura en el pasado. Los crímenes que cometió el bando republicano, sin embargo, fueron investigados y severamente castigados en las peores circunstancias posibles por instituciones surgidas de la reacción al gobierno frentepopulista. Es desalentador que aún hoy no seamos lo suficientemente maduros como para reconocer los horrores cometidos y pasar página definitivamente encontrando a nuestros desaparecidos.

Que se acabe condenando judicialmente aquello que ha desaparecido, la dictadura, o a aquellos que participaron en ella y van dejando paso al imperativo biológico es secundario. Ya va siendo demasiado tarde. Quizás sea entonces el momento para los historiadores de verdad de reconocer realmente quién hizo qué y llamar a las cosas por su nombre: muchos fueron asesinos y muchos fueron héroes. Pero son cosas, como digo, que ya pertenecen a la historia.

España no es una isla en medio de un mar de raciocinio. No hay que ir muy lejos para saber que en nuestro país vecino los colaboradores de la dictadura salazarista no sufrieron un revanchismo exacerbado. Tampoco en muchos de los antiguos países del bloque socialista. Los miembros de la Stasi y los millones de informadores prácticamente se confundieron con el paisaje. Los antiguos gobernantes se reciclaron y aún hoy sus herederos siguen participando en la vida pública a izquierda y derecha.

En los casos de Chile y Argentina, por poner los ejemplos de las dictaduras americanas más relevantes, sólo hasta hace pocos años se ha podido sentar en los banquillos a parte de esos que hicieron desaparecer o fusilar a millares de ciudadanos. Las resistencias y obstáculos han sido enormes: Pinochet se quedó encerrado en su casa, así como los dictadores argentinos, muchos han muerto en sus camas y lo peor todo han sido las leyes de amarre y punto final, las “leyes de la impunidad”.

¿Y por qué? Pues porque esas dictaduras no eran sólo las de un puñado de militares reaccionarios o de revolucionarios exarcebados. Como dice el profesor Labandeira, es mentira que a Franco no le quisiera nadie. Allí y acá amplios poderes de la sociedad civil, y gran parte de la sociedad civil, respaldaban esas dictaduras. Y no hay que olvidar que en todas, incluso en Portugal, las transiciones de la dictadura a la democracia contaron con el protagonismo o la colaboración de las antiguas autoridades. ¿Acaso Spínola no era un general crítico pero no opositor del ejército salazarista? ¿No pactó el régimen de Pinochet con la Concertación los pasos a la democracia vigilada? ¿Y de dónde venía Suárez?

Hubo más reforma que ruptura, y eso implica un acuerdo por ambas partes. Desgraciadamente, conllevaba dejar a un lado muchas causas pendientes. La tragedia es que una parte no sea capaz de reconocer nuestra propia historia. Otros lo han hecho. Santos no ha habido ni va a haber.

El “lodo Alfano”, inconstitucional

El Tribunal Constitucional Italiano ha declarado inconstitucional la ley que otorga inmunidad contra la justicia a los cuatro altos cargos de la República y suspende los juicios pendientes. Esta ley (laudo Alfano) fue concebida por el centroderecha berlusconiano para salvar de los cuatro juicios pendientes al Ducetto, un verdadero asalto a la independencia judicial y tan criticada que se denominada lodo Alfano (no hacen falta traducciones). Así, la ley será no sólo igual para todos, sino también su aplicación, doctrina diametralmente opuesta a la de los abogados del dueño de Villa Certosa.

Tanto empeño tenía la derecha en mantener la constitucionalidad de la ley, que se inventaron el concepto de primus super pares (primero sobre los iguales), concepto de su abogado y parlamentario Gaetano Pecorella, ya que es el “único de ellos que recibe su legitimidad de la voluntad popular”. Pecorella pasa por alto que los parlamentarios italianos son elegidos por la voluntad popular. Todo esto no es más que una de las muchas formas que siguen para desprestigiar el sistema parlamentario y concebir un nuevo sistema presidencialista y autoritario, a la manera que defendía el corrupto Craxi.

En Italia, la democracia ha demostrado que se resiste a morir ante il Cavaliere. Berlusconi tendrá que someterse a los cuatro juicios que tiene pendientes y acatar la sentencia. Por su edad, si le condenan, no irá a la cárcel pero, ¿a qué grado llegará el circo político italiano si se mantiene en la presidencia del Gobierno? El bloque de centroderecha se sigue rompiendo: la Liga Norte ha vuelto a sus soflamas contra la justicia y los moderados ya piensan en nuevas elecciones, mayorías alternativas y grandes centros. De la izquierda italiana, aún no hay noticias.

¿No interesa el Gürtel?

El Partido de los Presuntos tiene la esperanza puesta en ganar las elecciones europeas. No lo tienen difícil, por la escasa movilización que puede haber y el desgaste que la crisis ocasiona al Gobierno, aunque la recuperación de la iniciativa política en manos de los socialistas puede hacer cambiar las tornas. De momento, los imPPutados ya han sentenciado que una victoria electoral será la absolución de sus presuntos. Berlusconismo en estado puro, así quieren pervertir el sistema democrático.

La justicia juzga, el pueblo vota. Son dos cosas distintas. Si no, deberíamos reformar la Constitución y declarar a las elecciones con validez de tribunal supremo, una suerte de pseudo régimen cesarista. La única relación entre pueblo-justicia son los jurados populares.

Unas elecciones no pueden ser una perversión judicial. Sería lógico que partido corrupto fuese un partido castigado. No es justicia, es limpieza democrática: los ladrones no tienen cabida. Pero esto no puede darse así por varias razones: falta de alternativas cohesionadas, polarización social alentada desde los mass media y los mismos partidos y conversión del voto en un voto “contra el otro”. Todo vale para echar al otro, aunque la alternativa esté trufada de innumerables casos de corrupción. Puede más el odio que el deseo de limpieza.

La derecha se la tiene jurada a Zapatero y al Partido Socialista desde el 11 de marzo de 2004. Esto quiebra un sistema pacífico y democrático, donde la alternancia puede ser una norma sana. Pero en sus heridas de aquel día la derecha ha encontrado un modo de deslegitimar lo legítimo, de berlusconizar España. Que no haya nunca más alternancia, que se construya un sistema conservador y se consolide una hegemonía cultural conservadora.

Por poner un ejemplo. ¿Qué es sino Madrid, región y municipio? ¿Alternancia? ¡Dónde, si ya fue violada cuando fue posible! El caso sigue estando en los medios de comunicación. Ahora, ¿acaso hay alternativa a la hegemonía conservadora en Madrid? La alternancia o las victorias electorales no llegan caídas del cielo. Se lucha por ellas.

Si hay algo que ha demostrado Maquiavelo, es la autonomía de la política. La política no está sujeta a ninguna moral. La moral es lo que se vende a la opinión pública, el gobierno puede estar corrupto, pero la opinión pública se puede creer otra cosa.

“El Parlamento es inútil”

Esa es la lección que saca Silvio Berlusconi, además de tildar a los jueces de “extremistas”. Claro, porque le quieren llevar a ante sus tribunales por los casos de corrupción que siguen aflorando, el último el de sobornos a un abogado británico, Mills, para testificar en falso a favor del ducetto.

“Bastarían 100, algo así como el Congreso estadounidense. Haría falta una ley de iniciativa popular: a algunos parlamentarios no se los ve nunca, lo único que hacen es votar de acuerdo a lo que les dice su jefe de bancada con un gesto”, recoge Clarín. Berlusconi nos demuestra que además de corrupto, no sabe nada del legislativo estadounidense. 100 senadores, 435 miembros de la Cámara de Representantes. No es el número lo que establece la “inutilidad” o la pereza de los diputados, sino su actividad, sus normas y su conducta.

Se queja el ducetto que los diputados votan de acuerdo con el jefe de su bancada. ¿Dio Berlusconi libertad de voto a sus diputados para intentar impedir por ley el deseo vital de Eluana Englaro? ¡No! ¿Usó sus mayorías para hacer leyes que le blindan contra la justicia (ley Alfano) y para hacer una ley electoral tramposa (la “porcata” de Calderoni)? ¡Sí! Con su mayoría hace y deshace, en parte legítimo ya que ganó las elecciones, pero que no tome a sus ciudadanos y al resto de personas de este mundo por idiotas. El ducetto ansía un legislativo no como el actual italiano, repleto de diputados de la vieja era democristiana, con sueldos elevados, sino uno aún peor, uno completamente inútil contra su poder, e inclusive más corrupto.

Apartheid y violación de los Derechos Humanos en Israel

El acto “La “democracia” israelí: Apartheid y violación de los Derechos”, celebrado el pasado 5 de marzo en la Universidad Autónoma de Madrid, aprovechó la semana contra el apartheid, para llamar a la igualdad de los árabes israelíes, apoyar a los ciudadanos palestinos y pedir el derribo del muro de Cisjordania. Contó con la intervención de Rafael Escudero Alcay, profesor de filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Rafael Escudero ve que desde Occidente se quiere defender a Israel porque es la única democracia del Próximo Oriente, y él cree que no es tal cosa. Primero se pregunta qué se entiende por democracia. Hay que partir del último ataque a Gaza: el embajador israelí buscó argumentos para justificar el ataque, que es que Israel es un país democrático, con derecho a defender sus fronteras y ciudadanos frente a la organización terrorista Hamás.

Utilizar esto como punto de partido, a juicio de Escudero, impide ver otros puntos de vista que quedan al margen. Se pretende obviar todo lo pasado con la franja, con Cisjordania y con Jerusalén Este. Se están acelerando los asentamientos judíos en Cisjordania mientras en la franja se están abandonando. Desde la perspectiva del derecho internacional, hay una ocupación ilegal, asedio y control total de las fronteras, dejando al 80% de los palestinos en la miseria. Al no reconocerse la victoria de Hamás se condiciona la ayuda humanitaria. Es lógico que Israel o Estados Unidos lo hagan, pero no la UE, porque vulnera sus principios básicos.

Esto se agrava en 2006 con la victoria de Hamás, que no fue reconocida por la comunidad internacional, y fue aprovechado por Israel. No se reconoce la elección por irregularidades, sino por el resultado. La afirmación de que Hamás es terrorista es falsa para Escudero, porque no hay un concepto en el derecho internacional de qué es terrorismo. Eso es porque las listas de organizaciones terroristas las controlan los Estados Unidos y la Unión Europea. Esto no significa que no se puedan condenar los actos de Hamás, pero distinguiendo lo que es una acción terrorista de otra de resistencia. El apresamiento de un soldado israelí no es terrorismo, es derecho a la resistencia porque se trata bajo el código de guerra.

La política israelí sigue practicando la doctrina de anexión y expulsión en Cisjordania, y el muro que construye es ilegal internacionalmente, porque es construido sobre territorio que no pertenece a Israel, y además está dividiendo poblaciones enteras en guetos.

El concepto israelí de seguridad es hobbesiano, cercenando derechos y libertades para garantizar la seguridad, y también esto está ocurriendo en otros países. Así se esconde la realidad de segregación y ocupación. En el mundo se está entendiendo como legítimo limitar los derechos de las personas que pueden ser amenazas a los que no cabe aplicar el mismo derecho penal (“derecho penal del enemigo”), que niega el mismo beneficio del resto de ciudadanos.

Israel arguye la seguridad de sus ciudadanos. ¿De qué ciudadanos?, se pregunta Escudero. Sólo de los judíos. Los árabes son discriminados en un régimen de apartheid, aunque tienen ciudadanía israelí, pero no la nacionalidad israelí. La ciudadanía es un concepto jurídico, pero la no nacionalidad no debe admitirse en un Estado democrático. Pueden ejercer el voto, pero no hay democracia. La legislación israelí es discriminatoria, no está plasmado literalmente en la ley, pero hay leyes manifiestamente discriminatorias.

Una de ellas es la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, que impide la formación de familias árabes en Israel. Si un árabe israelí se casa con alguien de Palestina no puede hacer la reagrupación familiar, al contrario que cualquier judío, que tiene derecho a instalarse en Israel. La ley se argumenta en razones de seguridad.

Otras leyes son más difusas. Los árabes no pueden trabajar en empresas estratégicas de Israel por motivos de seguridad. Son considerados como un enemigo interior, una quinta columna, y se les deja en labores bajas y vivir en los suburbios en peores condiciones. Son una mano de obra barata, y tampoco pueden hacer el servicio militar. Todo choca cuando se une una discriminación positiva: los judíos ultraortodoxos están exentos del servicio militar y gozan de ventajas fiscales. Esto carece de justificación para Escudero. Tampoco existe el matrimonio civil, sino el religioso.

Según el Parlamento Europeo, en Israel hay 11.000 presos palestinos, 300 de ellos menores de 18 años. Mil de ellos están bajo el modelo que copió Guantánamo, encarcelados sine die, sin derecho de defensa, sin derecho a abogados, sin poder ver a sus familias y sin conocer los cargos por los que se les encarcelan, que son simples órdenes de detención. El sistema jurídico israelí incumple su normativa, ya que Israel ratificó los tratados de justicia internacional, excepto la Corte Penal Internacional.

El derecho a defenderse legítimamente, que tanto esgrime Israel, exige, sin embargo, proporcionalidad entre el daño causado y el ataque militar: la Corte suprema israelí ha valorado los ataques a Gaza y se pronunció a favor de la proporcionalidad, y así puede legitimar los ataques contra supuestos terroristas de forma extrajudicial, pero con límite en la proporcionalidad. La realidad es que de los 3.500 muertos en Gaza, sólo 50 eran miembros de Hamás.

Entonces, si el Gobierno israelí no investiga los crímenes, queda legitimada cualquier otra persona para interponer una querella aunque no haya víctimas de la propia nacionalidad, caso de la pretensión de Garzón de investigar los crímenes militares.

Escudero señala, para marcar la hipocresía del Gobierno israelí, que si Hamás ha utilizado escudos humanos, es un hecho ilegal que puede ser denunciado según el derecho internacional. Israel puede denunciar esos actos, pero no le justifica atacar.

Israel sigue una política similar al tardofranquismo. La propaganda de la dictadura decía que España era un Estado de derecho porque actuaba por normas jurídicas. Por ejemplo, según Escudero, Elías Díaz decía que el Estado de derecho debe actuar por normas, pero con separación de poderes, democracia y respeto a los derechos humanos. Cosa que no hacía España en el franquismo o Israel en la actualidad. La democracia no es sólo votar cada X años, sino unas condiciones: respeto de unas mínimas condiciones de igualdad entre sujetos, niveles aceptables de igualdad material, forma en la que se ejerce la acción de gobierno, respeto a los derechos humanos en el interior de Israel y en los territorios sobre los que se ejerce jurisdicción. Con esto, Israel incumple el habeas corpus, el derecho internacional, la igualdad entre ciudadanos e impide el control judicial sobre el ejecutivo.

Escudero concluye en que podrían aplicarse para Israel las campañas de sanciones, boicot y presión de los Gobierno que se ejecutaron contra la Sudáfrica del apartheid. El partido de Lieberman ha hecho acciones racistas que sí se pueden condenar, porque no reconoce a los otros, los árabes. La UE debería tomar medidas para que no entre en el Gobierno, como con Haider en Austria en su momento.

Bermejo se va

A diferencia de otros, los del otro lado, los que se espían y los que roban, Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, ha decidido dimitir en consecuencia de la cacería (sin licencia y con Garzón) y la ilegal huelga de jueces. No ha conseguido resolver los problemas y, con coherencia, deja el camino a otros. Francisco Caamaño, secretario de Estado para relaciones con las Cortes, será el nuevo ministro.

Ahora, veremos cuán rápidos son la derecha mediática y política en aprovecharse.

Entre Ser y Contener

El Partido Popular ha decidido, por decisión de su no-líder, Mariano Rajoy, negar la mayor y huir hacia delante. En menos de dos días, empezando por la purga de los imputados conservadores, terminamos, o seguimos, con la reimplantación del argumento conspirativo como máxima pepera para sortear las dificultades. Es decir, todos vemos que en el PP, como puede pasar en otro partido, no es el partido corrupto, sino que contiene corruptos, que deben ser purgados. El comportamiento de su no-líder de la no-oposición es, implícitamente y quizás sin quererlo, reconocer que su partido es el partido corrupto.

El no-líder ha tenido que salir de su preferido “no sé” para responder a todo y no responder nada y salir a la palestra. Escoltado por su cúpula, a modo de Última Cena, proclama la existencia de una conspiración contra su partido por parte de los jueces, fiscales, policías, socialistas y, cómo no, El País.

También, en vez de dejar actuar a la justicia, quieren recusar a Garzón e impedir que continúe su investigación de la trama de corrupción. En esto sigue el ejemplo de Madrid de ocultar el curso de la justicia con su comisión fraude. Por añadidura, el partido conservador se torna en partido antisistema. Donde antes dije digo digo Diego, ahora apoyan la huelga de jueces cuanto antes la censuraban. Y para ello rompiendo el pacto de la justicia.

La nula preocupación del no-líder entre la diferencia del ser y el contener lleva a pensar que el partido conservador es el partido de los presuntos. Presuntos imputados y presuntos principios. Cabe reflexionar si el partido de la derecha se fundamenta sobre sus presuntos valores de “centro”, reformismo, liberalismo y humanismo cristiano; o si bien se fundamenta en realidad como una coalición de intereses personales centrados en el enriquecimiento personal a costa de las instituciones, en la demolición del Estado de bienestar para desamparar y explotar a los trabajadores, y en la manipulación de una masa de gente con ideas conservadoras sinceras, a los que se mantiene en el engaño masivo y en el desprecio absoluto, lo que le negaría la categoría de partido con democracia interna.

Ruedan las cabezas

No ruedan cabezas por el Madridgate, Sección Espionaje. De momento, sí están cayendo y depurando responsabilidades políticas por el Sector Comisiones Ilegales. Baltasar Garzón ha levantado parcialmente el secreto de sumario. Hay 34 personas imputadas; entre ellas, el ya ex alcalde de Boadilla, Arturo González Penero, el también ya ex presidente del mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega. En la lista no está el Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, que ha sido dimitido. Tampoco Benjamín Martín Vasco, presidente de la comisión fraude de investigación del Madridgate-Espionaje, aunque una grabación de otra detenida, Isabel Jordán, afirma que Martín Vasco cobró 30.000 euros del entramado de empresas de Francisco Correa.

“López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular”, dice Esperanza Aguirre, pero le dimite. ¿Entonces? Es bueno que haya depuración de responsabilidades, en el partido conservador hay gente muy buena y trabajadora. Lamentablemente, no creo que estén entre el espacio que dista entre la mayoría y la cúpula, donde hay una galaxia de pequeños y grandes meteoritos destructivos que se las arreglan para obtener favores de las administraciones públicas en manos de los conservadores. Esto es muy normal en todos los casos de corrupción: clientelas, redes de favores, muñidores de contratos.

¿Y cuándo se depurarán responsabilidades por la Sección Espionaje? Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Ignacio González… ¿lo harán? Porque ¡vaya!, de decir que todo es un montaje de la Fiscalía, la Cadena SER, El País, el PSOE y hasta del kioskero de la esquina por pedir, ha depurar responsabilidades. Pues algo habrá, ¿no? Ahora, la Comisión fraude se amplía hasta marzo, para que las comparecencias lleguen después del 1 de marzo, tras las elecciones gallegas y vascas. El PP ya se está hundiendo por estos casos.

Comisión de investigación, tercera y vergonzosa parte

Según cuenta elplural.com, la oposición de PSM e IU en la Asamblea de Madrid está indignada por la comisión de investigación que Esperanza Aguirre ha permitido.

La oposición, al poco de conocerse la existencia de este vodevil de espionaje en Madrid, exigió inmediatamente la formación de una comisión de investigación para indagar la verdad. Esta medida ya fue rechazada por Me Sabe Mal y por el Árbol Socialdemócrata:

“Tampoco puede esperarse nada de una hipotética Comisión de Investigación parlamentaria que sólo serviría para acabar dándole la razón, de forma oficial, al PP, por lo que mejor es evitar que llegue a iniciarse. Y es que este es un caso que, aunque pueda haber quien no lo vea así, debería no dilucidarse en el ámbito político”.

“(…) No es una buena idea, es una pérdida de tiempo. ¿Para qué, si ya sabemos lo que pasará? Igual que en el caso del tamayazo, los conservadores se valdrán de su mayoría absoluta para obstaculizar cualquier investigación, volviendo a ser juez y parte. No valdrá una comisión a la que sólo acudirán quien decida la derecha, no valdrá una resolución que será la resolución de los conservadores, no de la verdad”.

Según recoge elplural.com, los conservadores pretenden limitar a febrero los trabajos de la comisión, impedir el turno de réplica para los miembros de la comisión y reservarse para sí la presidencia de la comisión.

El PSM, según sigue diciendo elplural.com, va a crear una comisión paralela mediática, para ofrecer la información que puedan y que el PP silencie.

“No digáis que no os lo advertimos”

¿Aprendido la lección? Tendremos, eso sí, solamente un febrero mediático. Pero será un déjà vu, un tamayazo bis. ¿Por qué no repite Granados para presidir la comisión? Total, para pedir un circo y una vergüenza, no escatimemos en la diversión o en las lágrimas.

Es correcto que la presidencia vaya al grupo mayoritario, por el simple hecho de serlo. Claro que es más correcto que el grupo mayoritario delegue la presidencia en un grupo minoritario, como hizo el Congreso de los Diputados al dar la presidencia de la comisión de investigación del 11-M a Paulino Rivero, diputado entonces de Coalición Canaria. Pero eso no debe venir del grupo minoritario, sino del mayoritario, en un gesto de buen hacer.

O bien PSM e IU actuaron de buena fe y con una inocencia sin límites, o bien querían llegar a este punto. La propuesta de comisión mediática paralela ya dice mucho. El PP quiere ocultar, y el PSM aprovechar. No digo que no haya que hacer ver a la ciudadanía que el PP es un nido de espías y corruptos, un órgano enfermo en la democracia que no se cura. Hay que hacerlo, pero ello se encomienda a la prensa, en su labor informativa, y en la justicia, en su labor de investigar la verdad y condenar, si fuese necesario.

¿Queremos unir a la mala imagen del PP una mala imagen del PSM? Un PSM dando información a espaldas de la justicia y de la comisión parlamentaria (por muy mala que sea, la Asamblea tiene competencias para hacerla, y si decide hacerla, hay que seguir en el juego del poder legislativo) sólo se verá de una manera por los ciudadanos: oportunismo.

Los ciudadanos ya están muy indignados y, si les añadimos más indignación, nada cambiará para pasar de una mayoría a otra. Si el PSM quiere ganar con esto, hay que seguir una máxima liberal: laissez faire, laissez passer. Dejad haced a la justicia y a la prensa, dejad pasar y esperar, que los hechos dan y darán la razón a la izquierda. Y mientras, embarquémonos en dar respuestas, programas y optativas a la ciudadanía.

Podremos imaginarnos el panorama, con unos grupos preguntando, otros grupos justificando, y comparecencias no contestando. De fondo, la seguridad que los votos del Partido Popular dictaminarán la resolución requerida: no hubo espionaje y son todos muy buenos, menos la izquierda y El País, que son muy malos por sacar los trapos sucios.

Es lo mismo, lo mismo que si los nazis se juzgasen a sí mismos en los Juicios de Nuremberg.

Ni comisión parlamentaria, ni comisión paralela: justicia, que actúe única y exclusivamente la justicia. Todo lo demás es un círculo mediático, un insulto permanente.

Un apunte sobre la huelga judicial

Los jueces quieren ir a la huelga para protestar por el "caso Tirado". Protestar por algo que creen injusto o desmedido es comprensible. El problema es que los jueces son los miembros del Poder Judicial. La Justicia es uno de los tres poderes del Estado, y su huelga es igual de ridícula, absurda e ilegal que si lo hiciera el Legislativo o el Ejecutivo. ¿Alguien se imagina si el Gobierno se declarara en huelga porque el Senado le vete los Presupuestos? ¿Alguien aprobaría una huelga en el Senado? (Teniendo en cuenta que el Senado no sirve de nada, nadie se daría cuenta) Son miembros de los poderes del Estado, para ellos no existe la huelga. Hay muchas maneras de protestar, manifestarse, hacer declaraciones, muestras de apoyo a Tirado, etcétera. Es más, la mejor huelga que podrían hacer en una huelga a la japonesa, así por lo menos habría menos colapso en la Justicia.