El Estado de bienestar, según Vicenç Navarro, comprende las intervenciones del Estado, tanto a nivel central, autonómico o local, que van dirigidas a mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población. De estas intervenciones, las más directas son:
-Los servicios públicos: Sanidad, educación, ayuda a las familias, servicios sociales, política de vivienda, entre otros.
-Las transferencias sociales: Pensiones de vejez, viudedad o discapacidad, mediante cotizaciones de trabajadores y empresarios a la Seguridad Social; o prestaciones por desempleo.
-Intervenciones normativas: El Estado dicta normas y sanciones para proteger al ciudadano en su condición de trabajador, consumidor o residente.
-Intervenciones públicas: Producir buenos puestos de trabajo, con buenas condiciones en el sector público o privado.
En el estudio del Estado del bienestar, Adelantado, Noguera y Rambla, distinguen tres corrientes, la marxista, la no marxista y la «socialdemócrata». La tradición marxista concibe el Estado de bienestar desde dos puntos de vista: en clave funcional, como instrumentos al servicio del sistema capitalista, o en clave de lucha de clases, como resultado de la presión y los esfuerzos de la clase trabajadora. Para los marxistas, son las relaciones de producción del capitalismo y la contradicción entre capital y trabajo los que explican el desarrollo del Estado de bienestar. Sin embargo, su pensamiento centrado en las clases sociales ignora otros aspectos como otros tipos de desigualdades y variables como puede ser el género.
La tradición no marxista, donde se engloba a los estructural-funcionalistas, los weberianos y positivistas, entre otros, orientan su estudio en clave empiricista. Para ellos, la cuestión está en los factores causales o variables explicativas del surgimiento del Estado de bienestar. Así, muchos de estos estudios suelen concentrarse en una única variable, como industrialización, partidos de izquierda, el desarrollo de la burocracia, etcétera, donde se les critica que el objeto de investigación no es el Estado de bienestar, sino las variables que lo determinan.
La corriente socialdemócrata, representada desde finales de los años 80 por Gøsta Esping-Andersen, con su libro Los tres mundos del Estado de bienestar, supone una nueva línea de estudio que incorpora los aspectos de la desmercantilización, o la búsqueda entre la conexión entre política social y la estructura social, distinguiendo distintos modelos de Estado de bienestar en base a su estratificación social y las alianzas de clases. Esta corriente es criticada por llevar a cabo un esquema dualista mercantilización-desmercantilización, pensando un Estado «bueno» que desmercantiliza a los ciudadanos para compensar los efectos de un sistema capitalista «malo», ocultando que Estado y mercado no son las únicas esferas de la estructura social, que la desmercantilización no es el único impacto posible de la política social sobre las desigualdades y que la política social no sólo compensa o reduce estas desigualdades, sino que también puede reproducirlas, aumentarlas o constituirlas.
Consultas de interés:
ADELANTADO, J. (Coord.): Cambios en el Estado del bienestar, Icaria, 2000.
NAVARRO, V: El Estado del bienestar en España, Tecnos, 2004.
No tenía pensado entrar al trapo del que parece uno de los acontecimientos que de nuevo polarizan a la sociedad española. No iba a entrar porque me parecía un asunto secundario, una cortina de humo, frente a otros problemas más cercanos como puede ser la crisis económica y las respuestas del Gobierno, la degradación de la política española o, más importante aún, cuestiones internacionales de diversa índole, como la represión de los “camisas rojas” de Tailandia a manos del Gobierno y las fuerzas represivas, la crisis económica en Grecia, etcétera.
Pero ha sido la orientación del caso contra Garzón lo que me ha llevado a una profunda indignación, que es la manipulación, no sólo de la Historia, sino de lo que ocurre. Recogí, hace poco más de un mes y medio, una reflexión sobre los peligros de enfrentarnos a nuestro pasado, intentando comprender qué había hecho Garzón y qué revuelo había provocado en algunos sectores minoritarios de la sociedad.
Está claro que aquí ha habido bastantes beneficiados del revuelo. Uno, Garzón, que ganaba la notoriedad y el prestigio que da investigar los crímenes del fascismo, o la notoriedad que da ser víctima de aquellos sectores incómodos con el pasado, aun perdiendo su puesto en la Audiencia Nacional, siempre ha tenido alternativas, como la Universidad de Nueva York o ser asesor en el TPI de La Haya. En definitiva, notoriedad en todos los supuestos. Otros, clase política y sectores dispuestos a utilizar la memoria histórica y los muertos de las fosas comunes para desplegar una cortina de humo que distraiga la atención de otros problemas. Perdedores: todos aquellos que nos vemos rodeados y manipulados, entre el deseo de notoriedad y la hipocresía de unos y otros.
Sinceramente, parece que todos los indicios apuntan a la prevaricación de Garzón. No por investigar los crímenes del franquismo, sino porque no eran de su competencia. No es el qué, sino el cómo. El peligro estriba que esto se ha manipulado por los medios de comunicación y la clase política interesada, para presentar a Garzón como un perseguido, un mártir de la causa por la verdad. La realidad es que la verdad ha sido dejada a un lado.
Del tema principal se ha pasado a unos secundarios que, en la lógica de un Estado de derecho, no se sostienen. Ideológicamente, podemos (y debemos) estar en contra de los posicionamientos de grupos sectarios y minoritarios como Manos Limpias o los partidos ultraderechistas. Pero no podemos impedir que ejerzan sus derechos como personas jurídicas sin destruir el principio de igualdad ante la ley. En la legislación actual, con la Ley de Partidos vigente, no se puede impedir el ejercicio de sus derechos o su concurrencia a las elecciones, por el simple hecho de que, a menos que se demuestre, cumplen con la ley.
Reaccionar como se ha hecho, dándole publicidad gratuita a estos grupúsculos (desgraciadamente para comentar esto no puedo evitar hacer lo mismo) y aterrorizándose porque determinadas organizaciones (aun ultraderechistas y en las antípodas de un pensamiento democrático) ejercen sus derechos reconocidos en la ley y en la Constitución, es más propio de un pensamiento conservador, incapaz de transmitir un mensaje positivo.
Y aquí quiero hacer una breve reflexión sobre el fascismo y la Historia. El régimen de Franco no era un régimen fascista. Sí fascistizado, como dice Ismael Saz, catedrático de Historia Contemporánea, pero esto señala una gran diferencia. Es muy halagador para la Falange declararla como la gran heredera de ese régimen autoritario; pero, ¿qué Falange? ¿Cuál de las tres que existen?
Es que hay muchos que no saben qué es exactamente el fascismo, y lo confunden con un pensamiento conservador y reaccionario, más cercano al discurso de Menéndez Pelayo, como la esencialidad católica de España, y hegemónico en el discurso de la derecha. Pero el fascismo no es eso, sino una ideología totalitaria, cargada de un discurso modernista y futurista. Por eso, el falangismo español estuvo influenciado de la corriente regeneracionista y nacionalista. No sería de extrañar que fueran los círculos culturales del falangismo los que defendieron la reconciliación y la integración de los vencidos, encuadrado en su ideal de totalidad y de resurgir de España., y de ahí, posteriormente, engrosar las filas de la oposición antifranquista, como Dionisio Ridruejo Pero esto es algo que ni unos ni otros entienden, más preocupados por la perpetua reescritura de la Historia.
No podemos obviar que los verdaderos herederos del franquismo no fueron sólo estos, pobre engranaje más de todo ese sistema, sino que también lo son la Iglesia católica, los poderes económicos, la clase política del centro derecha… el franquismo no fueron cuatro monos, reducidos a un partidito minoritario como es la Falange, sino que fue todo un movimiento social que, admitámoslo, ha sido fruto del pensamiento de las derechas españolas y ha sido el origen del pensamiento actual de la derecha, aun democrática. ¿O es que a Franco no le quería nadie en España? Esto no es malo por sí mismo, esto es nuestra historia.
Está claro que tenemos un grave problema con nuestra historia. Es necesario preservar, cultivar, la memoria histórica, pero esta no es la verdad ni mucho menos es Historia. Es una pluralidad de relatos que nos vienen transmitidos de nuestros familiares y conocidos, hasta llegar al punto de constituir un relato impuesto a la comunidad a modo de reforzar la cohesión social, como puede ser una construcción del pasado para el nacionalismo. Pero no es Historia. El historiador es quien tiene el deber de encontrar la verdad que está detrás de esos relatos, averiguando quién, cómo y porqué se elaboran dicha memoria, con qué intención, con qué resultados, cómo se modifica y quiénes los comparten. Se trata de investigar, de encontrar la verdad.
El fracaso en Barcelona de la consulta ciudadana sobre el futuro de la Avenida Diagonal (80% en contra de la reforma, con un 12% de participación) ha puesto en escena el debate acerca de las consultas directas a la ciudadanía en las poliarquías de sistema representativo. En el régimen representativo, son las instituciones elegidas las que tienen la capacidad de dictaminar las políticas a seguir por el Estado. Esta modalidad va entrando en crisis a medida que el sistema representativo se degrada por la indiferencia ciudadana a instituciones que, en ocasiones, representan otros intereses, distintos a los de la voluntad popular, o la corrupción política y la consolidación en la práctica de una partitocracia en lugar de la democracia.
Sin embargo, el recurso a la consulta directa sobre un tema determinado, ya sea la forma del régimen, la aprobación o reforma de una constitución o cualquier otro tema que se considere conveniente someter al voto popular, nunca se ha abandonado en el sistema representativo. Sobre todo adquiere mayor vigor cuando han pasado de ser plebiscitos, es decir, la aprobación a posteriori de una medida realizada, más común en sistemas autoritarios (con el peligro de manipulación electoral), a ser una consulta para realizar un determinado acto.
Las argumentaciones a favor de restringir la consulta popular, dada la indiferencia ciudadana, son peligrosas y con un motivado interés por restringir la participación ciudadana. Consultas como los referendos de los nuevos y vigentes Estatutos de Cataluña y Andalucía, las consultas sobre la independencia de Cataluña y las elecciones europeas se han cosechado con participaciones exiguas, lo que indicaría el poco interés en esos temas, más que un fervor secesionista, favorable a las reformas estatutarias o un europeísmo convencido.
Las consultas ciudadanas deben seguir realizándose. La práctica y la evidencia de que esas decisiones populares influyen en la vida política y en la de los ciudadanos deberían dar lugar a una mayor concienciación y en un incremento de la participación a medio plazo. Otros argumentos en contra de las consultas son su coste, como el de Barcelona. Estas consultas pueden hacerse con un coste mínimo. Las tareas de propaganda podrían ceñirse a la publicidad institucional para dar toda la información posible sobre el asunto sometido a votación, sin consignas a favor o en contra, ni campañas partidistas costeadas por el presupuesto público.
Con la existencia, cada vez mayor, de ordenadores e Internet en las casas y los nuevos DNIs electrónicos las votaciones podrían hacerse desde los hogares (sin descuidar la seguridad del sistema). Varios días de plazo pueden favorecer el incremento de la participación. O concentrar en una determinada fecha varios asuntos para someter a votación. Las experiencias de democracia participativa de Suiza y de Estados Unidos deben ser estudiadas detenidamente.
La finalidad es revigorizar la democracia, darle una nueva definición y relación entre el ciudadano y el poder público. Cualquier medida destinada a dar más poder de decisión a los ciudadanos y a incentivar su compromiso con la cosa pública somete al poder público, con más fuerza, a la opinión pública.
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