Fundamentos de democracia participativa

El fracaso en Barcelona de la consulta ciudadana sobre el futuro de la Avenida Diagonal (80% en contra de la reforma, con un 12% de participación) ha puesto en escena el debate acerca de las consultas directas a la ciudadanía en las poliarquías de sistema representativo. En el régimen representativo, son las instituciones elegidas las que tienen la capacidad de dictaminar las políticas a seguir por el Estado. Esta modalidad va entrando en crisis a medida que el sistema representativo se degrada por la indiferencia ciudadana a instituciones que, en ocasiones, representan otros intereses, distintos a los de la voluntad popular, o la corrupción política y la consolidación en la práctica de una partitocracia en lugar de la democracia.

Sin embargo, el recurso a la consulta directa sobre un tema determinado, ya sea la forma del régimen, la aprobación o reforma de una constitución o cualquier otro tema que se considere conveniente someter al voto popular, nunca se ha abandonado en el sistema representativo. Sobre todo adquiere mayor vigor cuando han pasado de ser plebiscitos, es decir, la aprobación a posteriori de una medida realizada, más común en sistemas autoritarios (con el peligro de manipulación electoral), a ser una consulta para realizar un determinado acto.

Las argumentaciones a favor de restringir la consulta popular, dada la indiferencia ciudadana, son peligrosas y con un motivado interés por restringir la participación ciudadana. Consultas como los referendos de los nuevos y vigentes Estatutos de Cataluña y Andalucía, las consultas sobre la independencia de Cataluña y las elecciones europeas se han cosechado con participaciones exiguas, lo que indicaría el poco interés en esos temas, más que un fervor secesionista, favorable a las reformas estatutarias o un europeísmo convencido.

Las consultas ciudadanas deben seguir realizándose. La práctica y la evidencia de que esas decisiones populares influyen en la vida política y en la de los ciudadanos deberían dar lugar a una mayor concienciación y en un incremento de la participación a medio plazo. Otros argumentos en contra de las consultas son su coste, como el de Barcelona. Estas consultas pueden hacerse con un coste mínimo. Las tareas de propaganda podrían ceñirse a la publicidad institucional para dar toda la información posible sobre el asunto sometido a votación, sin consignas a favor o en contra, ni campañas partidistas costeadas por el presupuesto público.

Con la existencia, cada vez mayor, de ordenadores e Internet en las casas y los nuevos DNIs electrónicos las votaciones podrían hacerse desde los hogares (sin descuidar la seguridad del sistema). Varios días de plazo pueden favorecer el incremento de la participación. O concentrar en una determinada fecha varios asuntos para someter a votación. Las experiencias de democracia participativa de Suiza y de Estados Unidos deben ser estudiadas detenidamente.

La finalidad es revigorizar la democracia, darle una nueva definición y relación entre el ciudadano y el poder público. Cualquier medida destinada a dar más poder de decisión a los ciudadanos y a incentivar su compromiso con la cosa pública somete al poder público, con más fuerza, a la opinión pública.