Mientras Aguirre está contra las cuerdas, algo se pudre en Boadilla

Los tres protagonistas del Madridgate: espía, espiado y trepa
pero todos espiando, todos engañando y todos maquinando

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, para investigar los presuntos espionajes, es un fraude. Eso ya se sabía antes de su nacimiento, al conocer las intenciones, reglas y condiciones impuestas por Esperanza Aguirre: el espía que se investiga a sí mismo no dará nunca beneficios a la verdad. Ya se sabía mucho antes, porque tenemos el caso del tamayazo en nuestra memoria y porque el único poder capacitado para investigar y condenar es el poder judicial.

Lo que sí no será, al menos en grado superlativo, una payasada mediática. El circo ya lo es el espectáculo del PP en sí. Telemadrid, por obra y gracia de Aguirre, no emitirá las sesiones de la comisión fraude. Seguramente podamos conocer las vergüenzas y engaños que se den en ella, pero no en directo. La censura previa, vamos.

Sí se retransmitió el tamayazo y sí se retransmitió la del 11-M. La parrilla de Telemadrid no es ni para hacer zapping. Bajo el Gobierno de Aguirre Telemadrid ha perdido a todos sus presentadores y periodistas de calidad, que tuvieron que ir al exilio de TVE para seguir haciendo buen periodismo y seguir contando la verdad. En Telemadrid no ha durado ni un periodista de derechas, como Germán Yanke, porque en la dictadura totalitaria del Gobierno de la Comunidad no se permiten ni hacer preguntas que se salgan del guión. Duran, o siguen, o aguantan, gentes que tienen menos reparos en violar el rigor periodístico, el sentido común y la buena educación hacia la totalidad de la sociedad madrileña. Sáenz de Buruoga o Hermann Tertsch. Sánchez Dragó también ha pasado a formar parte de la historia de una cadena que, año a año, pierde credibilidad y espectadores, de un 17% al 10%. Es normal, cuando se ofrece una programación de telebasura, autobombo y adoctrinamiento. Con el dinero de todos los madrileños.

Como no hay mejor defensa que un buen ataque, Esperanza Aguirre en esto intenta seguir una buena estrategia militar. Sería buena si atacara con argumentos de la actualidad, pero ha tenido que recurrir veinticinco años atrás en el tiempo para acusar al PSOE de poseer una “larga historia de espionaje político” sobre los actos de un gabinete creado por Narcís Serra de 1984 a 1995. La diferencia es que Narcís Serra dimitió y se purgaron las responsabilidades. Para intentar acusar con algo más reciente, recordó un presunto espionaje del Gobierno andaluz a los presidentes de las cajas andaluzas. Lo que Aguirre quiere hacer olvidar es que fue investigado por un juez y archivado a los pocos días.

Si hay que sacarle los colores a Aguirre, no será con el caso Naseiro y las relaciones con Zaplana, porque de eso ha pasado ya mucho tiempo, aunque no los personajes, que ahí siguen. Señora Aguirre, ¿ha purgado ya las responsabilidades por el espionaje en la Comunidad de Madrid? ¿No? Pues, ¿qué hace intentando eludir la cuestión llevándonos a 1995?

Por cierto, el dictamen de la comisión ya ha sido sentenciado por Aguirre: no se derivarán responsabilidades políticas. “Queremos claridad para demostrar que aquí nadie ha espiado”, dijo. Entonces, ya no hace falta seguir un minuto más con esta farsa de comisión con el dictamen ya pronunciado, y habrá que dejar a la justicia investigar hasta el fondo y no ocultarla con inventos vergonzosos como el perpetrado en la Asamblea de Madrid.

Señor González, explique de una vez por todas sus intereses en los contratos del Canal de Isabel II, sus adjudicaciones de campos de golf a socios de su familia. Todo queda en la familia, ¿no?

Ya no tenemos que mirar a Andalucía para ver a los “señoritos” y sus pretensiones de mantener sus cortijos: la Comunidad de Madrid ya es un cortijo. Privatizado, monopolizado y espionado.

Siguiendo con la corrupción, en Boadilla del Monte el juez Garzón ha detenido a seis acusados de cobro de comisiones ilegales. Esta trama se ha extendido, además de Boadilla y Valencia, a Majadahonda, Marbella y Sotogrande (Cádiz). Uno de los acusados, Francisco Correa, es empresario y amigo de Alejandro Agag, el yernísimo de Aznar. Otros dos detenidos son su mujer, Mª del Carmen Rodríguez, y Paco Crespo, ex secretario de organización del PP gallego. Están acusados de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de dinero, delito fiscal, asociación ilícita, corrupción urbanística y adjudicación de contratos públicos. Una graciosa colección de hechos delictivos, a la que nos tienen acostumbrados estos políticos del negocio aun en tiempos de crisis del ladrillo.

A Correa se le relaciona con empresas adjudicatarias en Boadilla, empresas organizadoras de actos del PP y con otra empresa, Orange Market, vinculada con un presunto escándalo de comisiones irregulares en Valencia. Los detenidos se habrían quedado presuntamente el dinero de los ayuntamientos, que a su vez les otorgarían irregularmente la organización de distintos eventos.

Así permanece la administración, como burla permanente a los ciudadanos.