Corrupción en Santa Coloma: distintas respuestas a la ilegalidad

La detención del alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, además de dos antiguos altos cargos de Convergència y Unió (Macià Alavedra, consejero de Gobernación y Economía de Jordi Pujol y Lluís Prenafeta, secretario general de la presidencia de la Generalitat), pone de manifiesto que la presunta o real corrupción no es cosa de un solo partido, sino que es algo que puede afectar a todos. Garzón, con esta detención, desmonta la enésima teoría de la conspiración conservadora. El PSC, con la segura expulsión del alcalde, se desmarca de la actuación del PP y de CiU, consistente en declarar la inocencia pura de sus imputados y detenidos y mantenerles en sus cargos. Aunque la corrupción afecte a todos, las respuestas no son iguales en todos.

La persistencia de la corrupción municipal, girando siempre en torno a Urbanismo y a los contratos públicos de los ayuntamientos, tiene que llevar a plantearse muy seriamente si el control y la transparencia en el ámbito local es el correcto, sin olvidar del control a la administración regional y nacional. ¿Qué democracia tenemos si las acciones de los ejecutivos no pueden llegar al conocimiento público?

En el ámbito de los partidos, ¿realmente se puede pensar que no hay un conocimiento, mínimo o no, de si un líder o un cargo con responsabilidades públicas está llevando a cabo acciones ilícitas? En Italia tiene un nombre, la ley de la omertá. Para que muchos altos cargos pierdan el apoyo de las cúpulas dirigentes, primero tienen que tener constancia de que se sacará una buena tajada a costa del caído en desgracia, no hay más que mirar que los baroncillos provinciales de Valencia están contestando los nuevos nombramientos de Camps.

Ligándolo con la polémica aguirriana por las declaraciones de Manuel Cobo, tenemos una calidad democrática pésima. Por la mañana, en la SER una tertuliana llegaba a decir que la libertad de expresión queda limitada cuando se entra a formar parte de un partido. ¿A qué nivel se sitúa el artículo 20 de la Constitución, norma suprema de los españoles? ¿Acaso los partidos están por encima de la Constitución? En Estados Unidos o en Reino Unido esta declaración sería para alarmarse. Cuántos corruptos usarán esta ley del silencio para salvaguardar su dominio sobre las bases, con la excusa de que se ataca el proyecto político o cualquier otra mentira.